Oleada de actos de desobediencia civil por los despidos
Tres actos de desobediencia civil se reportaron esta mañana en Hato Rey, Miramar y Ponce, como parte de la oleada de protestas de cara al paro nacional de este jueves.
La manifestación que mayor movilización policiaca provocó fue la de un grupo de seis mujeres que se encadenó a eso de las 7:00 a.m. a unos postes ubicados en las aceras de la avenida Ponce de León, frente del Banco Popular de la Milla de Oro.
La protesta provocó una gran congestión vehicular en la hora pico del tapón en esa zona.
“Estoy en desacuerdo con el despido que hay en las escuelas y cómo se afectan los servicios, que afectan a mis hijos en las escuelas. Estamos aquí porque éste es el centro donde está la gente que impulsó este movimiento en el Gobierno. Y queremos recordarle a los banqueros que ellos tuvieron que ver con esto, y aquí nos tienen”, precisó una de las manifestantes en entrevista televisiva (Noticentro 4), antes de que arribara la Policía.
A las mujeres se les cortaron las cadenas con una sierra. Según informes de prensa, agentes de la Uniformada intentaron arrastrarlas fuera de la vía de rodaje. Sin embargo, tras un incidente, en el que se alega que un oficial le dio a una de las manifestantes, las mujeres decidieron detener la protesta.
“Aquí han demostrado que la mujer trabajadora está en la lucha de esta situación que está sucediendo, que el poder político se quiere quedar con nuestro país. Así que compañeras, vamos a darle un aplauso a las mujeres que hicieron el esfuerzo”, indicó una mujer por un altoparlante, tras concluir la manifestación.
La manifestantes fueron identificadas como Sandra Correa, secretaria del Departamento de Educación y representante de la Unión de Profesionales Administrativos; Rachel Hiskes, líder estudiantil del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico; Liana Carrasquillo, líder del Colectivo feminista Mafalda; Karen de León, secretaria del Departamento de Educación y del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores; Adriana Alonso, del Movimiento amplio de mujeres; y Carmen Docus, una madre desempleada.
En pie de lucha líderes comunitarios
A esa misma hora, en Miramar, un grupo de líderes comunitarios tomó a eso de las 7:00 a.m. la sede de la Oficina de Comunidades Especiales, en Miramar.
Wilfredo López Montañés, líder de la comunidad Sonadora, en Aguas Buenas, explicó que los líderes comunitarios se sentaron en el piso del área de la recepción de la agencia.
“Entramos a la oficina y estamos sentados en el piso reclamando que se restituyan todos los trabajadores de la oficina. Que esa actitud nefasta del Gobierno aniquila el Programa de Comunidades Especiales, lo cual es una herida enorme en el desarrollo de nuestras comunidades”, señaló en entrevista con El Nuevo Día.
Precisó que nombraron la instalación como Campamento 1 de marzo, en honor a la fecha en que se creó la ley que creó la oficina y el Fideicomiso para las Comunidades Especiales.
López Montañés sostuvo, además, que con el despido de empleados se demuestra que el gobierno de Luis Fortuño no les da participación a las comunidades pobres en el desarrollo del País. Señaló la eliminación de la participación de las comunidades de Ceiba en el desarrollo de Roossevelt Roads y el intento de eliminar la reserva natural del Corredor Ecológico del Este como ejemplos de que la administración gubernamental “atenta contra el desarrollo comunitario”.
Se trepan en la letra N
Mientras, en Ponce, miembros de Servidores Públicos Unidos (SPU) de Puerto Rico, se treparon en las letras que identifican la entrada a la Perla del Sur por la autopista Luis A. Ferré.
Gerardo Manzano Jiménez, organizador sindical del área sur de la unión, se trepó a la letra N para desplegar un letrero.
“El letrero pide a la ciudadanía que se incorpore a la manifestación del 15 de octubre en Plaza las Américas y que repudien los despidos por la Ley 7”, señaló.
Otras 30 personas acompañaron al líder gremial desde abajo.
A eso de las 9:00 a.m., los trabajadores de SPU concluyeron su manifestación con miras a otras protestas en el área metropolitana, precisó Manzano Jiménez.
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